Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), afirmó ayer que la Ley del Derecho de Defensa, que entra hoy en vigor, deja sin fundamento jurídico la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por establecer criterios orientativos sobre las costas procesales.
“La nueva ley habilita expresamente a los colegios de la abogacía para emitir este tipo de criterios, garantizando así el derecho de los ciudadanos a ser informados de las posibles consecuencias económicas de un procedimiento judicial”, explicó González en rueda de prensa.
Según el presidente, esta habilitación legal convierte en obsoleta la base del expediente sancionador de la CNMC contra el ICAB, ya que la práctica en cuestión ahora está plenamente respaldada por la normativa.
González destacó que la Ley del Derecho de Defensa es un hito normativo sin precedentes en Europa, al reforzar las garantías de los ciudadanos y consolidar derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la claridad en la relación con los profesionales del derecho.
Además, remarcó que la ley no solo protege los derechos de los justiciables, sino que también fortalece el papel de los colegios de abogados en aspectos clave como la deontología y el secreto profesional.
“Confiamos en que el expediente sancionador será archivado lo antes posible, ya que carece de objeto tras la aprobación de esta ley”, subrayó el presidente del CGAE, dejando claro que esta normativa representa un avance crucial en la defensa de los derechos ciudadanos y en la seguridad jurídica del ejercicio profesional de la abogacía.
El presidente de la Abogacía Española anunció, asimismo, que se iba a formar un grupo de trabajo para estudiar y establecer criterios claros sobre las costas procesales en caso de perder sus casos. El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan estar informados de manera precisa sobre los costos potenciales de un procedimiento judicial. «Voy a proponer un grupo de trabajo para establecer un prototipo de criterios. Esto sin perjuicio de cada colegio de abogados pueden hacer lo mismo», dijo.