Las relaciones entre Jueces y Juezas, Fiscales, Letrados y Letradas de la Administración de Justicia y Abogados y Abogadas han hecho necesaria la elaboración de este Código de Buenas Prácticas, que regula pautas claras para guiar dichas relaciones entre los diversos profesionales y operadores jurídicos, tanto dentro la sala como fuera de ella, en aras a mejorar la imagen y eficacia de la administración de justicia, en beneficio principalmente del ciudadano que se ve incurso en un proceso judicial.

No son normas obligatorias, sino reglas indicativas u orientativas, que no sustituyen al Código Deontológico que rige a la Abogacía, sino que lo complementan.